En el segundo análisis del Real Decreto Ley 1/2017 aprobado ayer por el gobierno, para la devolución extrajudicial del dinero de las cláusulas suelo, esta vez nos centraremos en dos aspectos cruciales del mismo: La fiscalidad del dinero recuperado y los costes de la vía judicial.
COSTES DE LA VÍA JUDICIAL
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Ya ha llegado el día en el que, finalmente, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley 1/2017, ha costado varias semanas, falta de consenso entre partidos políticos, escucha a las pretensiones de la Banca y ninguneo a las Asociaciones de consumidores o plataformas colectivas, que llevan años de lucha y que tienen mucho que decir.
ALGUNAS CLAVES IMPORTANTES
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Las cláusulas consideradas abusivas por el Supremo, se encuentran en todas las escrituras, en el apartado 5. GASTOS A CARGO DE LA PARTE PRESTATARIA
Aquí os dejamos varias imágenes de escrituras reales:
*Tras las últimas sentencias del Supremo en el año 2018 y 2019, se han modificado las cantidades que se pueden reclamar: Mitad de la factura del notario y de la gestoría. El 100% de la factura del registro de propiedad y de la tasación.
El Impuesto de Actos jurídicos documentados y la comisión de apertura, no pueden reclamarse, a falta de la resolución de las cuestiones prejudiciales que ya se han planteado en Europa.
En diciembre del 2015 se conoció una nueva sentencia del Tribunal Supremo español, la número 705/2015 que consideraba hasta 14 cláusulas abusivas recogidas en préstamos hipotecarios del BBVA y del Banco Popular, aunque cualquiera puede reclamar dichos gastos pues los efectos de la sentencia se extienden a todos los bancos.
Todas las entidades financieras repercutieron los gastos derivados de la formalización de la hipoteca a la parte prestataria, es decir, al consumidor. Este punto es considerado como abusivo por el Supremo ya que entiende que el banco es el principal interesado en formalizar la hipoteca ante Notario y Registro de la Propiedad para tener un título ejecutivo, en caso de impago.
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En Asturias ya se conocen las primeras sentencias que reconocen la retroactividad total en la devolución de las cláusulas suelo-techo (S 195/2016 del Juzgado de primera instrucción de Llanes y el Juzgado de Instrucción nº 3 de Oviedo), probablemente, en otras partes del Estado también haya resoluciones de la misma índole.
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Por fin ha llegado el día en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debía pronunciarse sobre la retroactividad de las cláusulas suelo-techo.
Gracias a las cuestiones prejudiciales C-154/15, C-307/15 y C-308/15, planteadas por tres magistrados del Juzgado de lo Mercantil de Granada y de Alicante, se ha podido conocer cuál es el criterio judicial respecto a la nulidad total o parcial de los suelos.
Varios clientes de Liberbank confiaron en mí para encomendarme la tarea de demandar judicialmente a la antigua Cajastur, actual Liberbank, ante el perjuicio económico que la cláusula suelo-techo les estaba ocasionando.
En todos los casos, el suelo era de l2,95% y el techo del 15%, habitual en las hipotecas contratadas entre los años 2009-2012.
Interpuesta la demanda y recibida la contestación por parte de la entidad financiera, y ya fijado el día para la celebración de la Audiencia Previa, recibimos la llamada de la parte contraria para ofrecernos un acuerdo extrajudicial.
Mis clientes, como a cualquier otra persona, la incertidumbre del resultado de un juicio siempre les inquieta, por ello, me instaron a negociar convenientemente sus intereses ante Liberbank.
Finalmente, en todos los casos, se llegó a un acuerdo que incluía la supresión de la cláusula suelo-techo, modificación de la cuota a pagar con efectos a partir del mes siguiente de la firma, mantenimiento del resto de condiciones contractuales, compensación económica por el dinero pagado de más durante los años en los que la cláusula estuvo en vigor (amortización en cuenta y libre disposición), así como, costas judiciales de abogada y procurador.
Mis clientes quedaron satisfechos y servidora contenta de haberles ayudado.
Esta demanda colectiva iniciada en 2010 por una Adicae y resuelta por el Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid, estaba interpuesta contra 101 entidades financieras, que finalmente y debido a los procesos de fusión experimentados, se redujo a 42 bancos o cajas y en la que están representadas 15.000 personas.
No se incluye en la demanda ni a BBVA, Cajas Rurales Unidas, ABANCA, debido a la sentencia del Tribunal Supremo de mayo del 2013 ni al Banco Santander y Barclays por entender que no existen hechos objetivos contra ellas.
